Las agencias de
rating no abandonan el primer plano de la actualidad. Es comprensible que se
mantengan en él en virtud de la trascendencia que desde los puntos de vista
informativo y financiero tienen sus calificaciones, que constituyen uno de los
baremos básicos de la evolución de las Economías públicas y de la solvencia de
las grandes corporaciones. La edición digital de El
País incluye una noticia de EFE que se hace eco de una sentencia
australiana que condena a una de las grandes agencias a indemnizar las pérdidas
sufridas por la inversión en productos financieros que merecieron la máxima
calificación crediticia:
“La decisión judicial abre la puerta a
reclamaciones similares en Europa, según opinan los medios australianos, aunque
S&P ya ha anunciado que apelará.
La juez Jayne Jagot, del
Tribunal Federal en Sídney, declaró que la calificación otorgada por S&P
fue "engañosa y falaz" y supuso la "tergiversación
negligente" de los valores etiquetados por parte de los inversores
potenciales en Australia.
La agencia de calificación
internacional emitió un comunicado tras la condena en el que omite cualquier
comentario que sugiera que su conducta fue "inapropiada" y anunció
que recurrirá el fallo vinculado específicamente a los bonos CPDO (siglas de
constant proportion debt obligations, obligaciones de deuda proporcional-constante),
según la cadena australiana ABC”.
Madrid, 5 de
noviembre de 2012
