En los últimos días se suceden las
informaciones sobre el drama social que provoca la proliferación de ejecuciones
de hipotecas y las reacciones. Enlazar a algunas de ellas es difícil, por su
abundancia. Sin perjuicio de ello, y desde una perspectiva esencialmente
jurídica me permitiré destacar dos hechos que son relevantes para el futuro
inmediato de este asunto.
El primero apunta a una reacción
política que anuncia cambios normativos. Se trata del acuerdo que parece existir
entre los Partidos Popular y Socialista (o entre los dos grandes grupos
parlamentarios) para explorar soluciones que atenúen el rigor de la legislación
hipotecaria.
El segundo hecho parte de la
información que publicaba el día 3 de noviembre El
País relatando distintas sentencias y autos de nuestros Juzgados y
Tribunales. En esas resoluciones parece latir la común intención de encontrar,
bajo el régimen legal vigente, soluciones menos severas para el deudor
hipotecario, tanto con respecto a las condiciones en que se produzca la subasta
y ejecución de su vivienda, como con relación a la incidencia que esa ejecución
puede tener sobre su responsabilidad patrimonial frente al acreedor. A pesar de
la buena intención que anima esas soluciones, no me parecen suficientes en un
asunto de tamaña dimensión social y trascendencia económica, cuyo tratamiento
pasa necesariamente por una reforma de la normativa en vigor.
Madrid, 8 de noviembre de 2012
