Buscar este blog

Cargando...

viernes, 12 de abril de 2013

Las ventas de sociedades en crisis



Encuentro entre las publicaciones del Parlamento británico en materia mercantil un interesante documento que supone una revisión de aspectos mejorables de la legislación y práctica en materia de insolvencia. Referencia obligada a la vista de la influencia que algunas medidas desarrolladas en aquel ordenamiento han alcanzado en las reformas de nuestra legislación concursal.


El documento es una revisión por el correspondiente Comité de la Cámara de los Comunes, de la actividad de The Insolvency Service en el período más cercano. De su contenido debo destacar —al hilo de una reciente reseña publicada en The Company Law Newsletter, 330 (2013), p. 6— la parte dedicada a las operaciones de pre-pack administration.

Estas operaciones se definen en el documento parlamentario en los siguientes términos:

A pre-pack administration involves the sale of an insolvent company’s business and assets, at a price which is agreed, before the company goes into administration. The sale is then carried out immediately after the administrator is appointed. In 2011, the Insolvency Service estimated that 25 per cent of the 2,808 companies that entered administration in 2011 used the pre-pack procedure; and that nearly 80 per cent of pre-pack sales were to connected parties” (pág. 21).

Estas operaciones han encontrado defensores y detractores, como expone de manera pormenorizada el Informe, que concluye con un mandato a The Insolvency Service para que aporte una mayor evidencia sobre estas operaciones:

Proponents of pre-pack administrations argue that they preserve jobs and provide for the effective economic recycling of assets. However, that is disputed by a range of organisations. An objective assessment of pre-pack administrations is not easy and the only research carried out in this area was in 2007 by Dr Sandra Frisby, a lecturer at the University of Nottingham. For the public and creditors to have confidence in pre-pack administrations there needs to be a reliable body of evidence on how they have worked. We therefore recommend that together, the Department and the Insolvency Service commission research to renew the evidential basis for pre-pack administrations” (pág. 23).

Siguiendo previos trabajos parlamentarios al respecto que se citan, parece que el principal problema radica en la tutela de los acreedores ante estas operaciones. Como orientación de una mejor práctica y eventual legislación se menciona un mayor grado de transparencia.

Madrid, 12 de abril de 2013