La
reforma de nuestro sistema financiero afronta su fase final, en buena medida
como consecuencia del obligado cumplimiento de los compromisos contraídos al
respecto en el Memorando de Entendimiento suscrito en julio de 2012. De esa
reforma, la principal consecuencia va a ser, sin duda, la modificación de las
cajas de ahorro. Es posible que sea la sucesión de hechos y la actualidad de
los cambios que se prolongan durante años, que ofrecen todavía noticias
relevantes sobre concentraciones entre esas entidades, subastas de algunas,
etc., las que impiden una valoración adecuada de lo que esto significa.
Cambiar
el régimen legal de la mitad del sistema financiero es en términos económicos y
jurídicos un proyecto relevante. Más aún en España, donde la dependencia de no
pocos sectores económicos de las cajas es notoria. Basta con atender a la
incertidumbre que el nuevo marco de las antiguas cajas y actuales bancos tiene
para sus participadas, entre las que están algunas de las mayores corporaciones
españolas.
El
proceso de reestructuración de las cajas no ha sido, por otro lado, un camino
de rosas. Ni siquiera un camino recto, pues ha habido medidas y contramedidas
que en algunos momentos han supuesto confusión sobre cuál era el modelo
normativo que se pretendía. Desde 2009 y hasta 2012, sobre las cajas se
proyectaban cambios incluidos en sucesivas normas de urgencia que, de manera
gradual, han desembocado en el escenario actual, en el que parece vislumbrarse
el final del túnel.
Quien
quiera analizar con detenimiento el procedimiento que nos ha llevado hasta aquí
encontrará una obra de referencia en la cuidada y reciente monografía de José
Antonio Romero Fernández, El proceso de
saneamiento y reestructuración de las cajas de ahorros, [Madrid (2013), 246
páginas]. No es una mera crónica legislativa, sino una detenida exposición de
los problemas que afectaban al modelo de las cajas al que sorprendió la crisis
financiera y una valoración de las distintas medidas intentadas y ejecutadas
para dar paso a la nueva configuración de esas entidades.
Madrid,
23 de abril de 2013
